Por medio de un oficio enviado al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, TSE, la agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), Leonor Eugenia Morales Lazo, advirtió que, si ellos no confirman la cuestionada cancelación del partido Movimiento Semilla, podrían ser sujetos de una investigación penal.
La orden emitida el pasado 28 de noviembre por el juez Fredy Orellana, fue catalogada de ilegal por los diputados de Semilla y expertos en derecho constitucional, quienes señalaron al juzgador de incurrir en el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, puesto que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la única normativa que establece la ruta de cancelación de una agrupación.
A pesar de todos los señalamientos de expertos en la materia y los diputados del partido Movimiento Semilla, el Registro de Ciudadanos acató la orden y ahora una apelación que presentó Semilla debe ser conocida por el Pleno del TSE, cuyos magistrados fueron apercibidos por la fiscal Morales por medio de un oficio enviado al TSE.
En el oficio la fiscal señala que la cancelación de Semilla se realizó por una orden judicial del juez Orellana y de esa cuenta y sería completamente impertinente afectar el cumplimiento de dicha orden judicial por medio de un trámite en materia administrativa, ya que esta resolución judicial únicamente puede ser impugnada como lo establece la normal procesal penal.
La fiscal advirtió que cualquier acción que limite, restrinja o impida el cumplimiento de una orden judicial podría constituir un acto punible y será objeto de persecución penal. Es importante recordar que se debe garantizar el respeto al Estado de derecho y la efectividad de las decisiones judiciales, dicta el oficio.
TSE rechaza amenazas del MP
En un comunicado, el TSE indica que rechazan las medidas intimidatorias y amenazas contra autoridades y personal de la institución y recuerdan que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es la única norma aplicable para la inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de organizaciones políticas.
Expresan que en su condición de máxima autoridad en materia electoral de la República de Guatemala y con el pleno apego al principio de legalidad, resalta lo establecido en el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP “El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente, y, por consiguiente, no supeditada a organismo alguna del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinadas por esta ley#.
“Rechazamos las medidas intimidatorias y amenazas recibidas contra autoridades y personal de esta institución, recordando que este tipo de prácticas no se empleaban desde regímenes militares en el conflicto interno armado e instamos a seguir expresándonos con libertad, igualdad, respeto al a democracia, cultura de paz y al deber de cada organismo del Estado.
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