Ciudad de Guatemala, 24 de abril de 1996 — El entonces presidente Álvaro Arzú presentó al Congreso de la República el proyecto de ley denominado Desconcentración de Divisas, iniciativa que marcó el inicio de una ambiciosa política de desincorporación de empresas estatales, entre ellas, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), considerada una de las más rentables del país.
El programa, que contemplaba también la creación de impuestos de solidaridad, tenía como objetivo reducir el monopolio estatal sobre servicios clave y utilizar la venta de activos públicos para financiar parte del presupuesto nacional de 1997, el cual ascendía a Q13,840.9 millones. Esta propuesta fue respaldada por el sector privado, representado por la Cámara Empresarial de Guatemala, que manifestó en abril de 1997 su apoyo a la desmonopolización de las telecomunicaciones durante el seminario “La Modernización de las Telecomunicaciones en Guatemala”.
Sin embargo, la oposición en el Congreso criticó la iniciativa, argumentando que financiar el presupuesto mediante la venta de activos estatales podría ser inconstitucional. A pesar de las objeciones, el gobierno aceleró el proceso de privatización, buscando entregar el 95% de las acciones de Guatel a un nuevo operador. Según Alfredo Guzmán, entonces gerente de Telgua, los fondos obtenidos serían destinados a infraestructura pública, salud, educación, seguridad y al pago de deuda interna.
A finales de 1997, la multinacional mexicana Telmex, propiedad del magnate Carlos Slim, ofreció US$530 millones por el 95% de las acciones, pero la propuesta fue rechazada por órdenes del presidente Arzú, quien dirigía personalmente las negociaciones a través de su ministro de Comunicaciones, Fritz García Gallont.
Otras empresas internacionales como Deutsche Telecom, France Télécom, Telefónica de España, GTI de Estados Unidos, así como grupos nacionales con inversión extranjera, también expresaron interés en adquirir la empresa.
La ciudadanía, por su parte, se mantenía escéptica ante el proceso, que fue criticado por su falta de transparencia y aparente favoritismo. A pesar del escepticismo, el 1 de octubre de 1998 se concretó la venta de Guatel a la empresa Luca, S. A., un consorcio centroamericano representado por Ricardo Humberto Bueso Deras, por un monto de US$700.1 millones. Un día después, el banco JP Morgan, asesor en la venta, recibió cerca de US$5 millones en comisiones y honorarios.
Poco después se generó controversia cuando se reveló que Telmex adquirió Luca, lo que para muchos confirmó las sospechas de que la operación había sido concertada de antemano. La venta fue señalada por distintos sectores como fraudulenta y plagada de irregularidades, generando un debate nacional sobre la legalidad y legitimidad del proceso de privatización.
Fuente: Prensa Libre, pressreader.com, ahora.com.gt
