El Ministerio de Gobernación informó que siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron puestos a disposición de los órganos jurisdiccionales por posibles irregularidades cometidas durante la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.

Entre los policías involucrados figuran un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. Las actuaciones se originaron tras una investigación desarrollada por la Inspectoría General de la PNC, que también ordenó medidas administrativas contra el personal señalado.
Los hermanos Choc Toz fueron detenidos el 17 de octubre, poco después del ataque armado ocurrido en las instalaciones del Campo Marte, donde murieron el abogado y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Según el reporte policial inicial, los hermanos transportaban una carabina, municiones y un chaleco táctico dentro de una mochila utilizada para repartir comida. Sin embargo, un juzgado decretó falta de mérito y ordenó su libertad al considerar que no existían suficientes elementos para vincularlos con el crimen.

Posteriormente, los hermanos denunciaron que el arma les habría sido colocada durante el procedimiento policial. Esta acusación permanece bajo investigación y todavía no ha sido confirmada mediante una resolución judicial.
Entre las posibles irregularidades señaladas se encuentra el traslado de los detenidos a la Comisaría 13 antes de llevarlos a la Torre de Tribunales. Autoridades policiales reconocieron que esta actuación habría interrumpido la cadena de mando y se apartó del procedimiento establecido.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público inspeccionó las patrullas utilizadas durante la detención y el traslado de los hermanos. También se investiga la procedencia del arma presentada como evidencia, la cual, según autoridades de la PNC, aparece registrada a nombre de un particular y no tenía reporte de robo.

Gobernación aseguró que continuará revisando las actuaciones policiales y los distintos niveles de mando para establecer responsabilidades, identificar fallas y aplicar las medidas correspondientes.
La comparecencia de los siete policías ante los tribunales no implica que hayan sido declarados culpables. Será un juez quien determine su situación legal con base en los indicios y las investigaciones presentadas.